La Ratificación de Mandato, una política pública fallida

hugo bravo
Foto: http://www.tepatitlán.gob.mx 
Los gobiernos municipales emanados del Partido Movimiento Ciudadano están implementando una política pública denominada “Ratificación de Mandato” como un ejercicio que, dicen, busca empoderar a los ciudadanos dotándoles de la capacidad de evaluar y definir el rumbo de las administraciones municipales. Asumir la perspectiva de la política pública nos permite evaluar la utilidad de esta acción de gobierno más allá del debate político partidista.

En términos sencillos una política pública es una solución específica para un determinado asunto público. Estas soluciones son implementadas por los gobiernos y buscan alcanzar metas de desarrollo político, social y económico. Lejos del debate político que está lleno de limitaciones, deberíamos preguntarnos si esta política pública realmente contribuye al desarrollo político, social e institucional y si acaso es una respuesta asertiva a los problemas de legitimidad de los gobiernos locales.

En Jalisco, el artículo 11, fracción VIII de la Constitución prevé la Revocación de Mandato como un instrumento de participación social para que los ciudadanos decidan si un representante de elección popular concluye anticipadamente el ejercicio del cargo. Para esto deben cumplirse los siguientes requisitos: que sea solicitada por el 5% de la lista nominal, (5,500 aproximadamente en Tepatitlán), representando dos terceras partes de las secciones electorales (más de 30 secciones en Tepatitlán). La Revocación de Mandato solo podrá solicitarse transcurrida la primera mitad del periodo y hasta 120 días naturales después del inicio de la segunda mitad. Para que el resultado sea vinculante deberán de participar por lo menos la misma cantidad de ciudadanos que participaron en el proceso electoral donde resultó electo el funcionario (50 mil personas aproximadamente en el caso de Tepatitlán). Además, el proceso debe ser aprobado por el organismo electoral y por acuerdo de un tribunal electoral.

Otro instrumento, agregado en la más reciente reforma política es la figura de la reelección inmediata para Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos. Estos podrán ser postulados por única vez para el periodo inmediato siguiente. Así, la Revocación de Mandato permite a los ciudadanos concluir anticipadamente la gestión de un mal gobernante mientras que la Reelección Inmediata sirve para ratificar al confianza en un representante popular y su proyecto de gobierno.

En el caso de los gobiernos municipales emanados de Movimiento Ciudadano, pese a que la Constitución ahora prevé el instrumento de participación social “Revocación de Mandato” y la Reelección Inmediata, diseñaron un mecanismo a modo al que denominaron “Ratificación de Mandato”. Para darle vida promulgaron, en el ámbito de su competencia, un reglamento municipal que regula el ejercicio. En el reglamento facultaron al Presidente Municipal para que “por su iniciativa” se le organice a un ejercicio de “ratificación” durante el segundo año del periodo para el que fue electo, con cargo al presupuesto municipal y con un diseño a modo sobre las formas en que se realiza la consulta sobre su permanencia en el cargo.

Con estos antecedentes analicemos la conveniencia de la “Ratificación de Mandato” como política pública. Tanto la Revocación de Mandato como la Reelección Inmediata son instrumentos de participación social que se establecen en la Constitución de Jalisco. Para su ejecución se requiere del cumplimiento de requisitos que son valorados por instancias autónomas al ejecutivo o legislativo según sea el caso. El resultado del ejercicio tiene un efecto vinculante. Al tener su origen en la iniciativa de ciudadanos, estos instrumentos empoderan al ciudadano y garantizan la gobernabilidad democrática.

Por su parte, la “Ratificación de Mandato” que impulsan los gobiernos de MC como política pública no existe como instrumento de participación social en la Constitución o el Código Electoral. Sus resultados pudieran ser “combatidos” por el funcionario en tribunales al no cumplir con los requisitos previstos en la Constitución para que un representante popular deje anticipadamente el cargo. Al final, depende de la “voluntad política” de quien se somete al ejercicio si se va o no. Su organización depende de los recursos municipales (materiales y humanos) lo que convierte a quien se somete al ejercicio en juez y parte. Algo así como cuando, en aquellos años del partido hegemónico, el Gobierno Federal organizaba las elecciones y luego “se caía el sistema” ante el riesgo de perder el poder. La Ratificación depende de la ejecución de los propios funcionarios, subordinados directos de quien se somete a la “ratificación”. ¿De verdad usted cree que el funcionario tendrá el animo de ver como se despide del poder la persona que lo invitó a trabajar al gobierno? Concédame la duda sobre si este mecanismo es totalmente imparcial.

Ahora, vamos al tema de los costos. En Tepatitlán están por aprobarse $150,000 pesos para el desarrollo de la “Ratificación de Mandato”. Una diferencia con la Revocación de Mandato es que si no se garantiza que la solicitud es avalada por el 5% de la lista nominal de electores no se da trámite al ejercicio. Nos ahorramos el gasto. Ahora, si consideramos que el Dr. Hugo Bravo fue electo por menos del 20% de la lista nominal, una solicitud avalada por el 5% nos garantizaría que hay motivos fundados para someter su revocación a una decisión popular y el gasto público para su ejecución quedaría plenamente justificado.  Pero en el caso de la supuesta “Ratificación de Mandato” basta la iniciativa del Presidente Municipal para justificar el gasto. Asumamos que no están considerados los sueldos, la gasolina, las horas hombre empleadas en la planeación, organización y ejecución del ejercicio dentro de ese presupuesto. Por tanto, $150,000 no es la cantidad real que se va a gastar en ratificar el ego del representante popular. Súmele lo que se van a gastar los partidos en la operación político-electoral a favor y en contra, también son recursos públicos. Y súmele también los gastos en difusión y promoción de la Ratificación, pero también en lo que va a gastar el Presidente Municipal en promoción, porque convenientemente el reglamento municipal faculta al presidente para divulgar sus “logros”.

Decíamos que la política pública es una solución específica y en este caso el problema es la falta de empoderamiento del ciudadano frente a los representantes populares. Entonces ¿Qué empodera realmente al ciudadano? La Revocación de Mandato porque sus resultados requieren de amplias y notorias mayorías y sus efectos son vinculantes. La reelección inmediata porque permite al ciudadano expresar su satisfacción o insatisfacción de forma contundente y mayoritaria tras evaluar un primer periodo de gobierno o representación.

Por su parte, la Ratificación de Mandato que propone Movimiento Ciudadano y sus gobiernos empodera al gobernante porque su origen no es ciudadano sino está en el ego del gobernante. Porque sus resultados no son vinculantes. Porque el gobernante es juez y parte del proceso. Porque sirve para que el gobernante se auto asigne recursos públicos para la promoción de su persona y porque una minoría nada representativa puede legitimar al gobernante y no a la sociedad como actor determinante de la vida pública. Empodera al gobernante porque aún cuando el resultado fuera adverso depende exclusivamente de la voluntad del gobernante someterse a la decisión del pueblo. Quienes genuinamente participan en este ejercicio son engañados pues su expresión no tiene la mínima garantía de ser tomada en cuenta. En resumen, es una farsa bañada de auto elogio y no una expresión amplia del sentir ciudadano.

Por tanto, como política pública la Ratificación de Mandato no empodera al ciudadano, empodera a los políticos. No significa desarrollo político sino retroceso pues fomenta el culto al gobernante en turno, la manipulación en favor del político de la expresión de una minoría para legitimar su trabajo y permite al gobernante auto asignarse recursos públicos para la promoción de su persona. Por todo esto no se justifica destinar recursos públicos a una política pública que no cumple con lo que promete, es una solución fallida al problema de la falta de empoderamiento ciudadano frente a la clase política.

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