A mí no me vengan con cuentos… eso es una trampa

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El día de hoy el coordinador de la fracción del PRD, Enrique Velázquez, la Diputada también del PRD Celia Fausto y el Diputado independiente (de origen panista) Ricardo Rodríguez, presentaron una iniciativa de ley denominada Ley de Libre Convivencia para el Estado de Jalisco. Parece que este tema es el único en la agenda legislativa del PRD pues desde el inicio de la legislatura ha sido una reiterada promesa.

El Diputado Enrique Velázquez arrancó la semana con una campaña mediática y en redes sociales bien armada. Visitó redacciones de periódicos, programas de radio, escribió columnas, dio entrevistas, todo foro fue aprovechado para hablar de las “bondades” de la iniciativa que presentaría hoy en el Congreso. En su discurso afirmaba cosas como “Jalisco ha cambiado, a pesar de que algunos no quieran verlo” o que Jalisco “es una sociedad de jóvenes, ávida de la innovación y poco perturbada por los tabúes del pasado”, llegando a afirmar que “la idea de familia tradicional se ha modificado”. Llego a decir que el hecho de que el Cardenal Juan Sandoval y el político Fernando Guzmán “no estuvieran” era favorable para su iniciativa. Dijo también que su iniciativa era necesaria porque la unión libre había crecido en un 25%.

Con una maraña de argumentos, partiendo de una supuesta actitud democrática y plural, pedía mirar a la modernidad y el progreso, como si los que no estuvieran de acuerdo con su argumento fueran en automático enemigos del progreso y la modernidad. Partir suponiendo que el que se oponga a mi iniciativa es un “enemigo” de la modernidad es poner etiquetas y refleja que quien sigue perturbado por los “tabúes del pasado” es el propio diputado.

La iniciativa, hay que decirlo, es casi una copia de una ley de Sociedades de Convivencia aprobada en el Distrito Federal y que abrió paso a los matrimonios homosexuales en la capital del país. Tiene modificaciones en cuanto a la restricción del parentesco, el registro ante un Oficial del Registro Civil, pero en esencia es la misma. Ya en 2007, el PRD había presentado esta iniciativa pero fue dictaminada en contra y no pasó el análisis en comisiones. En otras palabras, nada nuevo, sacar del cajón la misma propuesta de siempre, corregir sus defectos técnicos, asumir el discurso a favor de la diversidad sexual, hacer ruido mediático, hablar de libertades y de discriminación, bla, bla, bla…

Si es verdad que esta iniciativa de ley está pensada porque la unión libre ha crecido un 25%, pues en honor a la verdad, el matrimonio incluso el concubinato, ofrecen mayores prerrogativas legales que las que ofrece la sociedad de libre convivencia. Por otro lado, si se presenta como la oportunidad de que dos parientes puedan tener derechos sucesorios, alimentarios u otras prestaciones sociales, por ejemplo, un abuelo que quiera establecer una sociedad de libre convivencia con su nieto, resulta que las limitaciones que señala esta ley se lo prohíben dado que lo niega al parentesco en línea recta. Si, como dicen, la intención es que dos personas del mismo sexo pudieran tener garantías patrimoniales, existe ya en la ley una variedad de mecanismos legales para administrar la copropiedad y otras cuestiones como la sucesión de bienes y los derechos alimentarios.

Parece que la verdadera intención del legislador es hacer “legal” lo que nunca ha sido ilegal: la cohabitación de dos personas mayores de edad, del mismo sexo, nunca ha sido un delito. Parece además, que el que diseñó la iniciativa olvidó que, según su propia propuesta, la sociedad de libre convivencia la pueden formar también una pareja heterosexual. En más de cinco artículos (11,15,16,17,19 y 20) se lee la expresión “las o los convivientes”, es decir dos mujeres o dos varones, y en ninguna parte de la iniciativa se puede encontrar la expresión “la y el conviviente”, como si las parejas heterosexuales no pudieran ser parte de este estado civil.

Más allá de los enredos técnicos y jurídicos de una ley de esta envergadura, habría que hacer dos juicios paralelos al debate jurídico: el político y el cultural. Sería un error analizar únicamente las posibilidades legales de estas uniones sin valorar la conveniencia o no de las mismas en términos del bien común y si ésta ocurrencia legislativa corresponde en verdad con los valores, tradiciones, costumbres, convicciones y visión de futuro de la comunidad jalisciense.

Si el debate lo agotamos en si las parejas homosexuales tienen mecanismos legales suficientes para garantizar derechos sucesorios, patrimoniales, alimentarios o de prestaciones sociales pues no es una nueva sociedad el único camino. Si el debate lo centramos en un tecnicismo o pugna por consenso si sus uniones las llamamos matrimonio o no, creo que también nos quedamos cortos. No se trata solamente de si estas uniones las llamamos matrimonio o no, ni se trata de si tienen sus derechos a salvo, como cualquier otro ciudadano, lo que está en juego es más trascendente, lo que verdaderamente se debe considerar es si estamos construyendo el Jalisco en el que queremos que nuestros hijos convivan.

Caer en la tentación de crear figuras legales “a modo” en las que el único fin es establecer “un domicilio en común (me parece que no alcanza el compartir domicilio para hacer un hogar), con voluntad de permanencia y ayuda mutua” es arriesgado e inútil. Resulta que en ésta propuesta de sociedad si un día uno de los convivientes decide que no tiene “voluntad” de permanecer en ella va con el oficial del registro civil y “rompe” el compromiso. Así de fácil. Si lo que se pretende es dar garantías, pues pienso que la única garantía es la voluntad personal, eso y la unión libre es lo mismo, y vivir en unión libre no es ningún delito. Claro, si creemos que se trata sólo de darle un respaldo legal a estas uniones, pues no se que tanto ayude un estado civil más “light” a las parejas heterosexuales.

Como lo ha señalado en un extraordinario análisis el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jorge Adame Goddard, “en cuanto a beneficios (de las sociedades de convivencia) me parece que ninguno (para la sociedad), pues la conducta que regula es la unión más o menos estable de dos personas del mismo sexo para convivir en un mismo domicilio” lo que no aporta por sí mismo ningún beneficio social. Con esta ley o sin ella las personas que quieran vivir de esa manera lo pueden hacer sin ninguna consecuencia de tipo penal. Dice Goddard: “el tipo de unión que contemplan las sociedades de convivencia es una unión al nivel de utilidad y el placer, y por eso no implica ningún compromiso entre los socios y se pueden disolver por la sola declaración unilateral de cualquiera de ellos”.

En fin, la gran pregunta es qué queremos privilegiar como sociedad, qué queremos fortalecer, qué queremos que trascienda y permanezca como una característica de nuestra convivencia comunitaria. Las relaciones meramente utilitarias, de placer, pasajeras o las de solidaridad, colaboración, con compromisos permanentes, las que se van construyendo poco a poco, con esfuerzo y dedicación con cuidado de no romperlas… no hay mucho que pensar.

Lo que está en juego no es el asunto de la discriminación, es la imposición de un discurso, de una idea, de un capricho, de un interés particular, que poco a casi nada aporta al bien común y que además nos han querido vender como de interés social. A una sociedad como la de Jalisco que, aunque digan lo contrario es plural y tolerante, ha apostado tradicionalmente por las relaciones que se fundan en compromisos duraderos, confiables y que, con las imperfecciones propias de lo humano, busca la realización integral de la persona humana, no la pueden engañar con tan poco.

No huyamos al debate, a la información, al interés que requieren estos temas, no le saquemos la vuelta porque son estos temas espinosos los que determinan el Jalisco que vamos a heredar a nuestros hijos… por mi parte, a mí no me vengan con cuentos, esas sociedades de libre convivencia son la llave para abrirle paso en Jalisco a los matrimonios entre homosexuales.

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